El ambicioso plan foral para dotar a Ortuella de nuevas promociones de viviendas cuenta con el respaldo de los tribunales. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Bilbao ha decidido desestimar el recurso que presentó el PSE-EE contra la iniciativa. Según el grupo socialista, el acuerdo suscrito entre la Diputación y el Ayuntamiento para materializar el proyecto presentaba «varias irregularidades». La magistrada que ha instruido el caso, sin embargo, considera que los trámites administrativos se efectuaron de acuerdo a la ley. Por tanto, las operaciones inmobiliarias continuarán su curso.

En junio de 2005, el Consistorio aprobó un convenio con Bizkailur, dependiente de la Diputación, para llevar a cabo la reordenación urbanística de tres barrios: La Ralera y Golífar, Bañales y Mendialde. El Ejecutivo local se comprometió entonces a ceder el suelo a la institución foral. Ambas administraciones, además, crearían a partes iguales una sociedad anónima que, bajo el nombre de Ortulur, sería la encargada de ejecutar las actuaciones. En total, se programó la construcción de casi un millar de pisos.

Pero el proyecto se topó con la oposición del grupo socialista, que denunció ante los tribunales que el procedimiento adoptado para firmar el acuerdo no se ajustaba a la normativa vigente. «Nosotros no estábamos en contra de crear una sociedad, pero creemos que no se hizo de la forma correcta», recordó ayer el portavoz del partido, Daniel Arranz. Así, el PSE-EE denunció hasta cinco presuntos casos de «ilegalidad», como la ausencia de dictámenes, explicaciones y firmas en los expedientes. La sentencia anula todas estas apreciaciones. «La parte recurrente se limita a efectuar meras manifestaciones o actuaciones que puedan producirse en un futuro, pero que en nada se aprecia que afecten a la validez del convenio», dice la resolución judicial.

Apelación descartada

La formación socialista también entendía que la Diputación «carecía de competencia» en materia de vivienda. Pero tras estudiar los estatutos de Bizkailur, la jueza ha estimado que la sociedad mercantil está capacitada para desarrollar actividades urbanísticas. Aunque este fallo no es firme, el grupo que lidera Arranz ha descartado «presentar un recurso de apelación». Por su parte, el equipo de gobierno ha conseguido despejar los fantasmas sobre la presunta ilegalidad.


FUENTE: el correo digital